Nuestro pliego petitorio era de seis puntos, durante diez meses de huelga, las autoridades ninguno atendieron, mucho menos los resolvieron; a cambio, nos acusaron de 8 delitos: robo específico con violencia, daño en propiedad ajena doloso, lesiones dolosas, despojo, asociación delictuosa, motín, sabotaje y terrorismo (¿qué tal los últimos cuatro?). Y no sólo, sino además nos impusieron el calificativo de “peligrosidad social”.
Al inicio no muy sabíamos a ciencia cierta lo que esto significaba; así que le preguntamos a los abogados. Resultaba ser un adjetivo que llevaba muchos años sin ser usado, y es una manera muy fácil de burlar la ley: aún si no se lograba demostrar culpabilidad en los delitos graves y alcanzábamos fianza, ésta no procedía sobre individuos “peligrosos para la sociedad”; o sea, es una manera fuera de la constitución para obligarnos a permanecer dentro de la cárcel.
Lo que bajo cualquier lógica significaba que el gobierno planeaba utilizarnos como rehenes políticos. Ése era el primer punto con el que el gobierno iniciaba la negociación de la huelga del CGH: nuestra liberación.
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